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Canal Denuncias

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CANAL INTERNO DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ASESORES LEGALES BAUM, S.L.P.

Febrero 2024

Este canal se implanta bajo las consideraciones de la Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Conforme a esta norma, se determinan los requisitos mínimos que debe cumplir la organización de asesores Legales BAUM, S.L.P. en relación con el Sistema Interno de Información.

1 - RESPONSABLE DEL CANAL

Como persona Responsable del canal, se ha designado por parte del órgano de administración a D. Lander Botello Manrique , estableciéndose como modo preferente de información o denuncia la siguiente dirección de correo electrónico:

lander@baum.es

En el caso de que se prefiera trasladar información de manera oral mediante reunión presencial o llamada telefónica, esta podrá hacerse en la persona de D. Lander Botello Manrique. Esta reunión tendrá lugar en un plazo máximo de 7 días, desde su solicitud y se advertirá al informante de que la comunicación será documentada mediante grabación o transcripción en acta que será firmada por el informante. De igual modo, también es un medio aceptado de trasladar información el envío de correo postal, a la misma persona en la dirección de la empresa.

2 - EL INFORMANTE Y SU PROTECCIÓN

2.1 ¿Cuándo se protegerá al informante?

Se protegerá al informante siempre que la comunicación o información trasladada se englobe dentro del ámbito material de aplicación objetivo de la Ley 2/2023:

  • Hechos o conductas que puedan tener trascendencia penal.
  • Infracciones administrativas graves o muy graves.
  • Infracciones del Derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo (sin perjuicio de la establecida en su normativa específica).
  • Infracciones del Derecho de la Unión Europea incluidas en el ámbito material de aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y la Ley española de transposición:
    • Contratación pública.
    • Servicios, productos y mercados financieros.
    • Seguridad de los productos y conformidad.
    • Seguridad del transporte.
    • Protección del medio ambiente.
    • Protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear.
    • Seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales.
    • Salud pública.
    • Protección de los consumidores.
    • Protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información.
    • Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

2.2 ¿Qué excluye la Ley de su ámbito de protección?

De conformidad a lo dispuesto en los arts. 18 y 35 de la Ley 2/2023, se enumeran los supuestos no amparados de protección al denunciante:

  • Los hechos comunicados carecen de toda verosimilitud o fundamento.
  • Los hechos no son constitutivos de infracción al ordenamiento jurídico, de conformidad con en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2023.
  • Conflictos interpersonales.
  • Hechos que sólo afectan al informante.
  • Informaciones que ya están disponibles para el público.
  • Meros rumores.
  • Informaciones que no aporten nada nuevo o significativo a una denuncia anterior.
  • Información obtenida mediante la comisión de un delito. En este supuesto, además, deberán remitirse con carácter inmediato los hechos constitutivos de delito a la Fiscalía.

2.3 Represalias.

Una de las finalidades que persigue la Ley 2/2023 es la protección adecuada frente a posibles represalias, para fortalecer así la cultura de la información, de las infraestructuras de integridad de las organizaciones y el fomento de la cultura de la información como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público.

Por ello, la Ley 2/2023 en su artículo 36 determina lo siguiente: “Se prohíben expresamente los actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia contra las personas que presenten una comunicación conforme a lo previsto en esta ley.” ¿Qué tiene la consideración de represalia?

  • Se entiende por represalia cualesquiera actos u omisiones que estén prohibidos por la ley, o que, de forma directa o indirecta, supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional, solo por su condición de informantes, o por haber realizado una revelación pública.
  • Se consideran represalias las que se adopten en forma de:
    • Suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral o estatutaria, incluyendo la no renovación o la terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal una vez superado el período de prueba, o terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios, imposición de cualquier medida disciplinaria, degradación o denegación de ascensos y cualquier otra modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido; salvo que estas medidas se llevaran a cabo dentro del ejercicio regular del poder de dirección al amparo de la legislación laboral o reguladora del estatuto del empleado público correspondiente, por circunstancias, hechos o infracciones acreditadas, y ajenas a la presentación de la comunicación.
    • Daños, incluidos los de carácter reputacional, o pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo.
    • Evaluación o referencias negativas respecto al desempeño laboral o profesional.
    • Inclusión en listas negras o difusión de información en un determinado ámbito sectorial, que dificulten o impidan el acceso al empleo o la contratación de obras o servicios.
    • Denegación o anulación de una licencia o permiso.
    • Denegación de formación.
    • Discriminación, o trato desfavorable o injusto.

2.4 Protección de datos personales.

Los tratamientos de datos personales que deriven de la aplicación de la Ley 2/2023 se regirán por lo dispuesto en el RGPD y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD).

El Sistema Interno de Información debe impedir el acceso no autorizado y preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas y a cualquier tercero que se mencione en la información suministrada, especialmente la identidad del informante en caso de que se hubiera identificado. La identidad del informante sólo podrá ser comunicada a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora, y estos casos estarán sujetos a salvaguardas establecidas en la normativa aplicable.

Si la información recibida contuviera categorías especiales de datos personales, sujetos a protección especial, se procederá a su inmediata supresión, salvo que el tratamiento sea necesario por razones de un interés público esencial conforme a lo previsto en el artículo 9.2. g) del RGPD, según dispone el artículo 30.5 de la Ley 2/2023.

En todo caso, no se recopilarán datos personales cuya pertinencia no resulte manifiesta para tratar una información específica o, si se recopilan por accidente, se eliminarán sin dilación indebida.

Las comunicaciones a las que no se haya dado curso, solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de la LOPDPGDD.

3 - TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN

3.1 Al respecto de la información trasladada, el informante tiene derecho a conocer los siguientes principios de actuación:

a) Las denuncias serán tratadas con absoluta confidencialidad.

b) No se facilitará la identidad del denunciante salvo a la autoridad competente, en los casos legalmente previstos.

c) Se admite la formulación de denuncias anónimas.

d) Se garantizará el derecho al honor de la persona denunciada.

e) Comunicar o revelar públicamente información a sabiendas de su falsedad, está tipificado con sanción muy grave y puede ser constitutiva de delito de injurias o calumnias.

f) El Ministerio de Justicia proveerá, también un canal alternativo, externo y público donde también podrán trasladarse las denuncias.

g) El informante tiene los derechos de protección garantizados por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, entre ellos el derecho a medidas de apoyo y de protección frente a represalias.

1 Art. 63 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero. 2 A la fecha de elaboración de este documento, este canal externo no ha sido todavía definido ni concretado por la administración pública.

3.2 Por lo que respecta a la tramitación de la información, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 7 y 9 de la Ley 2/2023, seguirá los siguientes pasos:

a) Se emitirá un acuse de recibo al informante en un plazo no superior a 7 días naturales.

b) Se procederá a informar de sus derechos, entre ellos los relativos a la protección de datos personales.

c) La resolución de la investigación se llevará en plazo no superior a 3 meses, prorrogables por otros tres meses en casos de suma complejidad.

d) En caso de que la información trasladada se refiera a hechos constitutivos de delito, se dará traslado de ella a la autoridad competente.